Crisis ambiental en Bolivia: despidos y destituciones agudizan los conflictos en las áreas protegidas
Fuente: Plataforma MONGABAY
Vulneración al derecho al trabajo y al debido proceso: despidos masivos de directores y guardaparques sin procesos claros, incluso notificados por WhatsApp, lo que revela prácticas ilegales y arbitrarias.
Hostigamiento y persecución institucional: los procesos administrativos y sanciones se utilizan como mecanismo de presión contra quienes denuncian minería ilegal y tráfico de fauna.
Vulneración a la libertad de expresión y a la participación: al sancionar las denuncias públicas sobre minería, incendios y tráfico de colmillos de jaguar, se restringe la posibilidad de visibilizar delitos ambientales.
Vulneración al derecho a la defensa del medioambiente como bien común: las acciones contra guardaparques debilitan la protección de áreas naturales, afectando indirectamente a comunidades locales y a la sociedad.
Marcos Enrique Uzquiano Howard
Guardaparque y jefe de Protección de la Reserva Biósfera Estación Biológica del Beni.
(Defensor Vulnerado)
(21 de enero de 2025)
A inicios de 2025, el sector ambiental boliviano atraviesa una nueva crisis marcada por la destitución de varios directores de áreas protegidas y del propio director del Sernap. Entre los afectados estuvo Marcos Uzquiano, reconocido guardaparque y activista, quien denunció en reiteradas ocasiones la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre en parques como el Madidi. Su despido, junto al de otros directores, generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales y de los propios guardaparques, que denunciaron hostigamiento y exigieron una auditoría transparente de la institución.
Tras la presión social y un recurso legal de la Defensoría del Pueblo, Uzquiano fue restituido en su cargo, en un fallo que la justicia calificó como histórico para la defensa ambiental y la protección de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, los procesos administrativos en su contra continúan, y casos similares como el de Guido García muestran un patrón de vulnerabilidad entre los responsables de resguardar las áreas protegidas. El conflicto evidencia cómo la minería, tanto legal como ilegal, sigue siendo el principal foco de tensión entre los guardaparques y las autoridades políticas en Bolivia.